Este es el típico artículo que no debería escribir. Nadie me lo va a agradecer y puedo perjudicar gravemente mis intereses y dañar mis relaciones personales y profesionales.

El artículo lleva escrito mucho tiempo y, de vez en cuando, vuelvo a él para cambiar una frase, borro párrafos y reescribo mientras reúno el valor suficiente para publicarlo. Y para hacerlo me voy diciendo:

«David, te has ganado el derecho a decir lo que piensas». «Nadie como tú sabe lo que es ver a tu familia desesperada por la pérdida de una cosecha». «Nadie como tú sabe lo que es la sensación de que si no conseguimos pagar, perderemos la finca». «Nadie como tú sabe lo que es estar en la Universidad y pensar que no sabes si al año siguiente podrás volver porque tu padre ha enfermado».

Por tanto, nadie sabe cómo yo (quizá igual pero no más) lo que pasan las familias de los productores cuando afrontan el colapso de los mercados (y no solo la crisis de precios sino también la parada de ventas).

Y fácilmente podría dejarme llevar y hablar de la injusticia de no recibir una compensación digna por el trabajo, de ser el eslabón débil de la cadena, de ser… en fin. Pero (y aquí viene “el pero”) no aportaría nada.

Y me sigo diciendo… Alguien debería hablar claro y decirles a los agricultores lo que hay y lo que va a venir . Y lo que viene no es mejor, ni es más fácil. Esas voces críticas con la ley ya han empezado a surgir y me han animado finalmente a dar mi punto de vista.

Pues ahí vamos… El “problema de la agricultura” no lo arregla una ley por muy bienintencionada que sea.

La estructura del sector, su funcionamiento y su asimetría ha sido motivo de estudio desde que la economía no era más que economía agraria en el siglo XVII y XVIII. Y desde entonces vamos dando tumbos conceptuales, teóricos y normativos para acabar casi en el mismo sitio que ya nos explicó Gregory King (1648 – 1712) cuando describiendo el mecanismo de la volatilidad de los precios agrícolas nos dijo que: ”o bien, generan hambrunas; o bien, arruinan agricultores”. (ver artículo sobre King)

¿De verdad pensáis que si la solución fuera obvia no la habría aplicado alguien ya? Se ha probado de todo: precios fijos, regímenes compensatorios, pagos fijos, pagos variables, derechos históricos, desacoplados, subvenciones a la exportación… y aquí seguimos con el mismo problema.

Entonces, ¿no hay solución? Ninguna de corto plazo y que no requiera transformaciones dolorosas de la situación actual. Pero vamos tratar, al menos, algún punto de la Ley, ya que lo que sí podemos hacer es empeorar aún más.

Cuando en febrero un conocido del negocio hortofrutícola escandinavo me preguntó sobre mi opinión sobre los preparativos de la nueva ley de la Cadena Agroalimentaria le respondí que: “O bien no se aprobaba o bien se aprobaba un texto inaplicable.”

Está claro que mis capacidades de clarividencia son un desastre ya que a final no ha ocurrido ninguna de las dos opciones. El texto se ha aprobado y habrá aplicabilidad aunque no sabemos exactamente cómo. (Por cierto, el artículo de la Ley sobre precios/costes ya está en vigor -artículo 12 ter.- por la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2020 pero no tengo ni idea de cómo se debería aplicar)

Lo que sí sabemos es que el legislador ha hilado fino tratando de evitar los riesgos asociados a generar un precio mínimo de facto (según su definición: “precios por encima de los costes efectivos de producción”) y trasmitiendo su cumplimiento último a los agricultores.

De esta manera, en las próximas crisis de mercados los agricultores no podrán vender por debajo de sus costes efectivos de producción (los costes incluidos en este cálculo parecen ser mayoritariamente los costes variables de explotación) pero estos costes no son homogéneos. Y claro, habrá agricultores que puedan vender más barato que otros y si suponemos que los costes de cálculo son los costes variables, estos afortunados agricultores que pueden vender más barato son aquellos que tienen mayor productividad.

Es decir, que la ley permitirá vender más barato a aquellos agricultores que son relativamente más grandes, tienen mejores estructuras productivas y/o utilizan mejores tecnologías.

Para el resto de agricultores con costes efectivos de producción mayores lo que les queda es: NO VENDER. Sí, habéis escuchado bien. Si queréis respetar la ley, no debéis vender.

Evidentemente, esto no va a ocurrir. Y ante la disyuntiva de perder el total, mientras ves a otros vender sus productos libremente (aunque sea a un precio de miseria), vas vender tu producción como sea y donde sea. Pero amigo agricultor, estarás incumpliendo la Ley y habrás de mentir por escrito en un documento contractual al comprador de tu mercancía especificando que el precio pactado “cubre tus costes efectivos de producción”.

Como el cliente que nos compra no puede conocer cuáles son nuestros costes, se nos trasfiere a los agricultores la responsabilidad de no vender a pérdidas. Tú, agricultor, eres el garante. La ley te obliga a ti.

Se acabó ir a las puertas del Ministerio a protestar por que los precios no llegan ni para pagar los costes. Cómo vamos a hacer eso si hemos puesto por escrito en cada una de nuestras operaciones que vendemos por encima de los costes.

Y a ver cómo le explicas a Hacienda, cuando nos terminen de quitar los módulos (supongo que tengáis claro que tarde o temprano los van a quitar), que tus costes son mayores que lo que has declarado en los contratos de venta.

¡Ah!, una cosa más. La Ley puede que no se aplique a los agricultores miembros de las cooperativas debido a la particular relación contractual de los socios. (ver artículo del presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de España).

Habrá que estar atento para saber qué piensan los pequeños agricultores no asociados a cooperativas cuando todo el peso de LA LEY caiga sobre ellos.

Y atención que la alternativa es mucho peor. Si se llegaran a poner precios mínimos reales el sector se autodestruiría en dos campañas. (Los graves riesgos asociados a la introducción de un precio mínimo de mercado están analizados en este artículo sobre Gregory Mankiw)

Este es el típico consejo que no le gusta a nadie. No me dices cómo arreglarlo pero me dices que no lo haga que, si no, será peor. Para los que duden de mi buena fe y de mi interés en encontrar soluciones, y en la esperanza de que sirva de prueba de descargo, en esta web, tenéis todo el histórico de artículos dedicados al sector.

Y si me equivoco en algo de lo anterior os ruego que me saquéis de mi error…

A continuación os dejo algunos otros artículos de prensa especializada para consulta y una nota técnica.

Otros artículos de interés si queréis tener una opinión informada sobre el tema:

 *Nota cuasi-técnica. ¿No os sorprende que en el texto no aparezcan todos los costes de producción de una explotación agrícola y solo se mencionan algunos de los variables?

La razón es que por mucho que digan que los costes son fácilmente calculables y predecibles, no lo son. Es IMPOSIBLE calcular los costes reales antes de que termine la campaña. A ver si consigo explicarlo…

Debido a la volatilidad de la producción (producida por meteorología, plagas, enfermedades, etc..) un agricultor puede que tenga una campaña una productividad total de 7 kilos por metro cuadrado y otra campaña 10 kilos. Las diferencias pueden ser enormes.

Algunos de los costes son fijos (no cambian con una unidad producida adicional) y otros son variables (los costes variables varían en función de la cantidad producida. Ej.: los inputs y la mayor parte de la mano de obra).

Como se ve, los costes totales incurridos son parcialmente dependientes de los kilos producidos y, estos, no se conocen antes de terminar la campaña.

Al acordar una venta vendemos en precios por kilo. Si no sabemos los kilos que vamos a cosechar no sabremos repartir los costes fijos entre estos mismos kilos. No conocemos el impacto de los costes fijos. Con lo cual, no podemos calcular un precio de venta con esta referencia.

La solución que parecen haber escogido es usar los costes variables. Como aumentan (teóricamente) de forma lineal (y predecible con cada kilo recolectado) podemos usar un coste estandarizado por kilo. Por lo tanto, no hace falta hacer reparto ya que crecen en la misma medida que lo hacen los kilos cosechados.

Si esta fuera, finalmente, la opción para el cálculo de los costes efectivos de producción, ¿afectaría a todos los tipos de agricultores por igual? Pues no. Los agricultores más grandes y modernizados tienen una mayor inversión y esto genera unos costes fijos mayores que no se computan con este sistema pero que, como habíamos visto, tampoco serían fáciles de computar al no conocerse los kilos finales. En definitiva, otra ventaja teórica en la aplicabilidad de la ley.